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OTROS DIÁLOGOS | Sobre la Historia mínima de Venezuela

Sobre la Historia mínima de Venezuela

 

–CARLOS ALBERTO MURGUEITIO MANRIQUE*

 


 

Historia mínima de Venezuela
Elías Pino Iturrieta (coord.),
1ª ed., México, El Colegio de México
(Historias mínimas)/Turner, 2018, 243 pp.

 

Este libro es una síntesis, una versión condensada de la historia de Venezuela, que abarca una cronología completa, es decir, que inicia en el periodo prehistórico o prehispánico y concluye casi en la actualidad, exactamente en diciembre de 2015. La recopilación, presentada en forma de un manual de 246 páginas, está compuesta por tres grandes apartados o capítulos, bien coordinados, articulados secuencialmente y escritos por tres eminentes historiadores venezolanos: Manuel Donís Ríos, Elías Pino Iturrieta e Inés Quintero Montiel, todos profesores de los programas de posgrado en historia de las instituciones académicas más importantes de Caracas: la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela. La obra expone el proceso histórico venezolano desde una perspectiva de larga duración y utiliza un enfoque analítico amplio, que incluye no sólo diversas perspectivas, sino que involucra diferentes factores, desde los geohistóricos, económicos y sociopolíticos hasta los culturales. Esta mezcla de elementos enriquece la trama, haciéndola más interesante. Y la afortunada compartimentación narrativa —que divide el relato en un conjunto de temporalidades, que transcurren y se suceden dentro de un mismo espacio, complejo, pero fijo o definido— facilita la lectura y brinda un panorama nutrido sobre las partes, provincias y regiones que conforman el país.

Si bien el libro reconstruye un panorama general de la historia de Venezuela, está lejos de brindar una versión superficial. Cada uno de los autores, expertos en los temas y épocas de estudio, profundiza sobre los fenómenos, las coyunturas y los aspectos primordiales de cada periodo. Además, resaltan las transformaciones y permanencias de los factores que determinan el proceso e identifican las variables especiales o únicas del caso venezolano —aquellos rasgos que lo diferencian del resto de sus semejantes hispanoamericanos. La obra señala el origen militar del Estado moderno venezolano en su desempeño como capitanía general del Caribe y su compromiso en la defensa de las costas y zonas de frontera con los imperios hostiles. La tendencia se confirma con el desarrollo de las guerras de independencia frente al imperio español, con la conformación de innumerables guerrillas que mantuvieron hostilidades contra las fuerzas realistas, desde el fracaso de la primera república en 1812 hasta la conformación del ejército libertador en Angostura, entre 1816 y 1819, que luego se desplegó sobre los virreinatos de la Nueva Granada y del Perú. Los generales veteranos de las guerras, comenzando por José Antonio Páez, buscaron aferrarse al poder y perpetuarse en él, ejerciendo abiertamente dictaduras personalistas o disfrazándolas de dinastías familiares y clientelares. Luego fueron remplazados por miembros de una nueva generación de militares, curtidos en las sucesivas guerras civiles.

Este factor, que marca la historia de Venezuela durante el siglo xix, se extendió hasta 1936, con los gobiernos militares andinos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, más centralizados y efectivos que los anteriores, y luego se repitió, en la versión moderna del pretorianismo militar, bajo la junta militar que depuso al escritor Rómulo Gallegos en 1948 y el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que perduró hasta 1958. La sucesión de estos gobiernos militares no demerita el impulso vital de una parte de la sociedad venezolana, convencida de los beneficios de la democracia liberal. Dicha voluntad queda manifestada en las consignas republicanas, federalistas y libertarias que se levantaron prematuramente y se mantuvieron en vilo durante siglo y medio. Las aspiraciones democráticas sobrevivieron a una serie de intentos fallidos, entre 1936 y 1958, pero quedaron consagradas en la alternancia partidista inaugurada por el Pacto de Punto Fijo, cuya vigencia, de tan sólo treinta años, fue interrumpida democráticamente en 1998, con el triunfo electoral del teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías. A esto siguió la inauguración de la V República, la confirmación de la naturaleza socialista de la Revolución Bolivariana y la dictadura madurista.

La parte introductoria del primer capítulo, concerniente a la Venezuela prehispánica, es abordada por Manuel Donís Ríos desde un enfoque arqueológico y etnohistórico. El autor rastrea los orígenes del poblamiento del territorio venezolano, remontándose hasta el paleolítico; resalta la disposición espacial de Venezuela como encrucijada de caminos donde confluyen varios ejes migratorios —los que aportan elementos de al menos tres familias lingüísticas; arawak, caribe y chibcha— y luego destaca la transición de estos grupos del mesolítico al neolítico, con el asentamiento de las primeras aldeas en las áreas fértiles del litoral Caribe y las inmediaciones del lago de Maracaibo, así como en las riberas de los ríos del interior y las estribaciones andinas. Aunque el autor señala detalles sobre las técnicas de siembra, recolección, caza y pesca, el uso de los recursos hídricos para la irrigación, algunas características de la vida ceremonial y sobre la estratificación social de tipo caciquil, se denota la pobreza y poca sofisticación material de los habitantes originales del territorio venezolano.

Donís Ríos inicia el relato de la historia con los documentos del descubrimiento y la subsecuente exploración del delta del río Orinoco y la isla de Trinidad, en Oriente, efectuada por Cristóbal Colón en sus viajes de 1494 y 1498. A éstos los siguieron los viajes de Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucci a la península de Paria y las islas de las Perlas, Margarita y Cubagua, entre 1499 y 1500. El autor señala que, en reconocimiento a Ojeda, los Reyes Católicos le otorgaron en Granada la Capitulación de Coquivacoa el 8 de junio de 1501, que fue la primera del continente, al igual que la ciudad de Santa Cruz, levantada en 1502. Luego agrega que, en 1512, partiendo de la isla de La Española, Pedro Alonso Niño y Cristóbal Guerra hallaron los yacimientos de perlas de Cubagua, donde fundaron la ciudad de Nueva Cádiz en 1527, y las salinas de Araya, que representaron la mayor fuente de ingresos de la corona española durante la aurora del descubrimiento.

Donís Ríos resalta la fundación de Coro en la península de Paraguaná, en Occidente, hecha por Juan de Ampudia en 1528, la cual se convirtió en una fortaleza factoría en 1531 y sirvió de punto de partida para la conquista y colonización del resto de la provincia de Venezuela. Aquella entidad fue adjudicada a banqueros, comerciantes y mineros alemanes de la casa Welser, acreedores del emperador Carlos V, con el compromiso de poblarla y descubrir las tierras de El Dorado que yacían en el interior. Hasta 1546 se sucedieron los gobernadores alemanes, pero luego la empresa claudicó. Fue así como Coro fue remplazada por El Tocuyo, ciudad fundada en 1545 por Juan de Carvajal, que se convirtió en “la ciudad matriz venezolana” o “asiento de los conquistadores”. Desde allí, según Donís Ríos, se desplegaron las fundaciones de Barquisimeto, Trujillo, Caracas, Maracaibo y La Grita, erigidas entre 1552 y 1576. Después, Caracas, fundada por Diego de Lozada en 1567, recibió de Felipe II los derechos para gobernar sobre toda la provincia de Venezuela.

Mientras tanto, en Oriente, Diego Fernández de la Serpa fundó Santa Inés de Cumaná, en 1569, que pronto se convirtió en la capital de la provincia de Nueva Andalucía y ejerció jurisdicción sobre el inmenso territorio que se extendía hasta las riberas del Orinoco y del Casanare, lindando con la capitulación otorgada en 1582 a Antonio Berrío, fundador de Santo Tomé de Guayana. Los llanos y las selvas habitados por los arawaks, tradicionales aliados de los españoles, experimentaron otra forma de colonización: la de carácter evangélico y pacífico, dispuesta a convertir a los nativos a los preceptos del humanismo cristiano inculcado por las comunidades dominicas, franciscanas y capuchinas. La conquista del territorio se completó con la incorporación de las provincias andinas, con las fundaciones de Santiago de los Caballeros de Mérida y San Cristóbal, por Juan de Maldonado, entre 1560 y 1561, con pobladores provenientes de las provincias neogranadinas de Pamplona y Tunja, y Maracaibo, en las orillas de la laguna del mismo nombre, por Pedro de Maldonado, en 1574.

Manuel Donís Ríos es cuidadoso en el lenguaje y define conceptos clave para comprender tanto la dinámica de la conquista como la naturaleza del sistema indiano. Aporta claridad sobre los términos de las capitulaciones, resaltando su doble índole, comercial y política, y subrayando, en beneficio de España, que desde 1504 el Tratado de Medina del Campo liberó de la esclavitud y la servidumbre a los nativos americanos, reduciéndolos a trabajar para los europeos en condición de libres. Sobre las encomiendas, agrega que fueron “una institución destinada a repartir a los indios que quedaban bajo la protección de los conquistadores con el objetivo de evitar la esclavitud”. El objetivo de las disposiciones fue entonces el de convertir a los indios en tributarios, pagando con su trabajo los esfuerzos en defensa, bienestar y salvación a través de la evangelización.

Donís Ríos plantea el origen común de todas las fundaciones civiles hechas por los españoles, las cuales permanecieron siempre ligadas a la vida religiosa. Todas gozaron de estructuras urbanas levantadas alrededor de una plaza central con iglesia y de la asignación de un cura para las ciudades y villas, o de un doctrinero para los pueblos de indios. Además, cada ciudad o pueblo sirvió de base para la ocupación del espacio y ejerció jurisdicción y rango de acción sobre las inmensas extensiones indómitas. A partir de la ocupación, compra y venta de la tierra, fue concentrándose la propiedad privada sobre los resguardos y reducciones, y los terrenos ejidales o realengos. La agricultura y la ganadería, denominadas por Donís Ríos como “las verdaderas riquezas de Venezuela”, comenzaron a desarrollarse desde finales del siglo xvi con la efectiva introducción de los cultivos y de animales europeos, así como de los esclavos africanos. La mina de San Miguel de Buría, en la provincia de Venezuela, sirvió como fuente de empleo, promovió el suministro de dinero y la actividad comercial, y creó a su alrededor un mercado que demandó artículos de consumo.

Luego el autor se dedica a conceptualizar las instituciones hispanas que florecieron y se desarrollaron durante los siglos siguientes. Inicia con el Patronato Regio que ejercieron los monarcas españoles como delegados o vicarios del papa en las Indias y sigue con la definición de cabildo, una entidad heredada del régimen municipal medieval castellano, concebida como elemento fundamental del ordenamiento territorial y columna vertebral de la organización política hispanoamericana. Posteriormente, Donís Ríos agrega las figuras de regidor y alcalde ordinario, puestos burocráticos a los que podían aspirar todos los habitantes libres, propietarios de oficio, cabezas de familia y pobladores fundadores o sus descendientes. Los regidores aplicaban el ordenamiento jurídico de la ciudad, otorgaban tierras y bienes, así como permisos para comerciar; regulaban las pesas y medidas, y organizaban el abasto de la población, el ornato, trazado y limpieza de las calles; por su parte, los alcaldes ejercían la justicia en su localidad y conocían de primera mano los asuntos civiles y criminales.

En cuanto al siglo xvii, el autor alerta sobre las actividades de las demás potencias europeas en el Caribe, las cuales, aprovechándose del contexto de la Guerra de los Treinta Años, incrementaron los hundimientos, apresamientos y decomisos de naves españolas, así como las depredaciones y pillajes sobre las ciudades y puertos, la ocupación de las pequeñas islas situadas frente a las costas venezolanas —como Curazao, Antigua, Monserrat, Anguila, Barbuda, Barbados y Jamaica—, declaradas inútiles por España y arrebatadas entre 1634 y 1655, además de los enclaves selváticos de Guayana, territorios convertidos por Holanda e Inglaterra en bases y depósitos comerciales para efectuar operaciones de contrabando en los mares y litorales. Donís Ríos señala los mecanismos de defensa empleados por las autoridades españolas, resaltando la formación de milicias locales y la presencia de batallones permanentes para resguardar las principales ciudades, así como la construcción de fortalezas y baterías en puntos estratégicos. También señala el papel de la evangelización pacífica de los indios del interior, cuyas reducciones y hatos de comunidad, bajo la dirección de los capuchinos aragoneses, incrementaron la producción de azúcar, tabaco y ganados, y sirvieron de asiento para los poblados hispanos.

Sobre la economía de este periodo, Donís Ríos resalta el incremento de los envíos de cacao de Maracaibo a la Nueva España, “unas 2 milfanegas anuales”, y la introducción de esclavos africanos, cuya cifra alcanzó en 1690 las dos mil personas por año. El inicio de la dinastía de los Borbones, del absolutismo real, la adopción eficaz del sistema mercantilista y el incremento de la vigilancia y control sobre las pautas comerciales y las finanzas conllevó a la creación de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, hecha por el intendente general de la Marina y del Ejército, José Patiño, el 25 de septiembre de 1728. Su objetivo era combatir el contrabando inglés y holandés y ejercer el monopolio en el transporte del cacao, “considerado como el mejor del mundo”, hacia Nueva España y la península ibérica. Donís Ríos cuantifica el éxito de la Guipuzcoana en las 268 presas registradas entre 1733 y 1780, y en el superávit que arrojaron los ingresos de las aduanas bajo su administración. Durante décadas, Venezuela dejó de requerir del situado mexicano y los excedentes generados por los decomisos y los gravámenes sobre envíos de cacao fueron utilizados adecuadamente en la construcción de fortalezas y en la adecuación de las existentes a lo largo de todo el litoral, especialmente en La Guaira y Puerto Cabello.

El papel de la Guipuzcoana en la historia de Venezuela es debidamente resaltado, ya que esta empresa logró estrechar los vínculos comerciales entre las provincias dispersas —Maracaibo, Cumaná, Margarita, Trinidad y Guayana—, unificándolas en torno a Caracas, convertida desde 1739 en una comandancia dependiente del virreinato de la Nueva Granada. El proceso de integración institucional, económica y político-administrativa de Venezuela se verificó con la Real Cédula del 8 de septiembre de 1777, que la elevó a capitanía general, y con la conformación de la Real Audiencia de Caracas el 13 de junio de 1786, que independizó a Venezuela de la jurisdicción de Santo Domingo. Luego, el 2 de junio de 1793, se conformó el Real Consulado, comprometido con el desarrollo agrícola y el sistema mercantilista; el 24 de noviembre de 1803, el papa Pío VII le otorgó a Venezuela el rango de arquidiócesis y a Caracas la nombró sede arzobispal. Al final, Donís Ríos hace referencia a la presencia del pensamiento ilustrado en la Universidad de Caracas, fundada en 1721, a sus aportes a la filosofía racionalista y a la medicina, y menciona las cátedras de matemáticas.

Basándose en los datos empíricos recopilados por Humboldt y Bonpland, Donís Ríos estima la población total de la capitanía de Venezuela, entre 1800 y 1810, en 785 mil habitantes, de los cuales la gente libre de color representaba 50% y los esclavos, 60 mil, sólo 9% del total. Luego destaca la composición de la sociedad colonial, alejándola de las taxonomías de la epidermis. Verifica la conformación estamental e inicia su caracterización con el primer orden, que incluye a las familias ilustres, las de funcionarios de la corona, las de los terratenientes, propietarios y grandes comerciantes; luego habla de un segundo nivel, conformado por “las personas de condición”, una categoría que obedecía a los criterios de “buena crianza, doctrina, sustento y cuidado” y que estaba compuesta por profesionales y miembros de la burocracia provincial y municipal. Termina con el tercer estado, al que se adhieren una variedad heterodoxa de sujetos de baja condición, los denominados “blancos de orilla”, y la gente de color, incluidos los indios y negros libres, que ejercían de artesanos, mayordomos, capataces y jornaleros o se dedicaban a la vagancia, la mendicidad y la holgazanería.

Donís Ríos registra los orígenes del desafecto al rey y a la corona desde el establecimiento del estanco del tabaco, en 1777, que produjo tedio y aversión, motines y alzamientos. Menciona los incidentes protagonizados por los comuneros de La Grita y Mérida desde 1779, “quienes se levantaron contra los nuevos impuestos al pabellón y al ganado, que pretendía cobrar el administrador de la Real Hacienda, y contra el incremento del precio del tabaco a causa del estanco”. Recuerda que los amotinados se adueñaron de las Reales Cajas, apresaron a los funcionarios, confiscaron el tabaco del estanco y lo repartieron entre la multitud. Luego, el autor se concentra en los efectos de la Revolución Francesa en el Caribe hispano y expone los detalles de la insurrección de José Leonardo Chirinos y José Caridad González, iniciada el 10 de mayo de 1795, la cual buscaba revocar el orden, suprimir los privilegios, establecer la ley francesa y la república, además de eliminar la esclavitud y derogar el impuesto de alcabala. El levantamiento fue desarticulado el 10 de diciembre de 1796, pero fue seguido por el movimiento de mayo de 1799, dirigido por Manuel Gual y José María España, quienes clandestinamente se contactaban con los líderes de la conspiración de San Blas, que yacían presos en La Guaira. El grupo de educadores y escritores criollos y peninsulares, entre los que estaba Juan Bautista Picornell, eran afectos republicanos y redactaron manifiestos e instrucciones conspirativas propias de la acción revolucionaria.

Elías Pino Iturrieta continúa el relato señalando la disminución del comercio de Venezuela con España y Nueva España entre 1796 y 1805 y la consecuente escasez de plata y harina. Luego alerta sobre la llegada, en julio de 1808, del bergantín francés que traía la noticia del desmantelamiento de la corona española y la orden extendida al gobernador, Juan de Casas, y a la comunidad bajo su obediencia, de aceptar la autoridad de José Bonaparte. Al tiempo, el autor agrega la llegada de una goleta inglesa que difundió una versión diferente sobre los acontecimientos peninsulares. Ésta da cuenta de las revueltas populares que se habían generado en España contra los invasores franceses y de la conformación de la Junta de Gobierno en Sevilla, que custodiaba los derechos de Fernando VII. Según el autor, “los mantuanos enarbolaron el pendón de la dinastía, mientras los elementos del tercer estado manifestaron preocupación por la conjura criolla y se ofrecieron para sofocarla mediante la fuerza”. El calendario revolucionario de Venezuela se inició con la llegada a Caracas del nuevo gobernador y capitán general, Vicente de Emparan, en mayo de 1809. El 19 de abril de 1810, un Jueves Santo, la junta del cabildo lo depuso y asumió la administración de la ciudad y la provincia. El mismo formato se replicó en Cumaná, Barinas, Trujillo, Barcelona, Mérida y Margarita, mientras que Maracaibo, Coro y Ciudad Guayana se pronunciaron en favor de la monarquía.

Al año siguiente, el 2 de marzo de 1811, el legendario enemigo de España, Francisco de Miranda, llegó a La Guaira, poniendo fin a su largo exilio londinense, para presidir la Sociedad Patriótica de Caracas y proclamar la independencia del país, el 5 de julio. La primera república tomó el nombre de la Confederación Americana de Venezuela y luego, a partir de la Constitución del 21 de diciembre, cambió su denominación a las Provincias Unidas de Venezuela. Dicha Constitución rechazó el jacobinismo y propició la moderación, garantizó la división de los poderes públicos y la autonomía provincial, eliminó los fueros de la aristocracia y las corporaciones, otorgó el sufragio censitario (derechos políticos sólo a los propietarios y contribuyentes), prohibió la trata, abolió la esclavitud y proclamó la libertad de cultos, aunque la religión católica conservó el estatus de oficial. Pese al ímpetu, la primera república sucumbió como resultado del terremoto del 26 de mayo de 1812, que dejó ocho mil muertos, y la capitulación de Miranda ante el general español Domingo de Monteverde, el 25 de julio. Al parecer, la causa no logró despertar el entusiasmo de la población humilde, “que permaneció dispuesta a jugarse la vida por la monarquía”.

Pino Iturrieta continúa su exposición de las guerras de independencia con la campaña de liberación de Venezuela —dirigida desde la isla de Trinidad por Santiago Mariño y desde la Nueva Granada por Simón Bolívar—, que se inició en diciembre de 1813 y degeneró, el 15 de junio de 1814, en una guerra a muerte contra los peninsulares y canarios, como quedó consignado por el Libertador en el Manifiesto de Trujillo. El autor se remite a la llegada de las fuerzas de reconquista españolas bajo el comando de Pablo Morillo, en mayo de 1815, y al transitar de Bolívar por las Antillas, primero Jamaica y luego Haití, donde concretó con el presidente Alexander Petión el proyecto de invasión de Venezuela. Asimismo, Pino Iturrieta nos muestra el panorama de los Llanos del interior y la figura de José Antonio Páez, quien amasó el incipiente ejército libertador con el reclutamiento de peones, sirvientes y arrieros de todos los colores, concentrándolos en las tierras de las misiones del Caroní, ricas en ganados y productos agrícolas. Señala que, en Angostura, la capital rebelde donde se redactaba El correo del Orinoco, las fuerzas patriotas recibieron uniformes, armas, municiones y a los legionarios ingleses contratados por Luis López de Mesa.

Pino Iturrieta comenta que, con el triunfo sobre los españoles de la Nueva Granada, en Boyacá, el 7 de agosto de 1819, y los de Venezuela, en Carabobo, el 21 de junio de 1821, Bolívar creó una enorme jurisdicción denominada Colombia, a la que se agregó Ecuador, pero añade que el nivel de destrucción y pobreza que ofrecían zonas antiguamente prósperas —como los valles de Aragua y el Tuy, que yacían quemados y abandonados— y la incomunicación entre las regiones, generada por la desatención de los caminos y la falta de vigilancia, provocaron una irremediable fragmentación. Mientras se desarticulaba Colombia y moría el Libertador, los veteranos José Antonio Páez, Santiago Mariño y Carlos Soublette proclamaron la Constitución de 1830, que le devolvió la independencia a Venezuela. Éstos aprobaron leyes relativas al patronato y la manumisión, la ley de hurtos y el Código de Imprenta, que evitó la censura. Según Pino Iturrieta, los primeros gobiernos fueron pulcros en el manejo del erario y pretendieron implantar costumbres distintas de las coloniales, inculcando valores como la constancia, el trabajo y la tolerancia con el fin de formar ciudadanos productivos.

El liberalismo manchesteriano fue abrazado como una religión. Los gobiernos de Páez y Carlos Soublette fomentaron la actividad comercial y financiera, y se empeñaron en impulsar la laicidad en la educación y la inmigración extranjera. Según los preceptos de reconocidos intelectuales, como Santos Michelena, Rafael María Baralt y Agustín Codazzi, quienes figuraron como ministros y consejeros gubernamentales, “el Estado debía limitarse a crear las plataformas para el desarrollo de la riqueza de los particulares”. Sin embargo, Pino Iturrieta registra que, hacia 1840, aparecieron los partidos políticos liberal y conservador. El primero, identificado con una cinta amarilla, era encabezado por los redactores del periódico El Venezolano, José María Vargas, Antonio Leocadio Guzmán, Tomás Lander, y por el líder popular Ezequiel Zamora, quien dirigía “la lucha por las tierras y los hombres libres”. El segundo, por su parte, estaba conformado por los grandes propietarios, “individuos de modales señoriales” o “gente de orden”, representados por los hermanos José Tadeo y José Gregorio Monagas. El enfrentamiento partidista comenzó el 24 de enero de 1848 con un golpe orquestado por “los autócratas” contra el Congreso dominado por los liberales. El ejército depuso a la oposición y, siguiendo a Pino Iturrieta, “los capitanes y seguidores fueron sometidos a torturas, encierros herméticos y exilios masivos, y sus propiedades fueron confiscadas”.

El autor dirige su mirada hacia la ley de abolición perpetua de la esclavitud, del 24 de marzo de 1854, impulsada por el segundo Monagas, y reflexiona acerca de la conveniencia que significó para los amos la indemnización económica por un total de 13 mil esclavos, “los cuales representaban una pesada carga por el costo de su manutención y atención en salud” y que fueron hábilmente convertidos en peones o sirvientes domésticos. A partir de la vigencia de la Constitución de 1857, Pino Iturrieta menciona los problemas del Ejecutivo para controlar las aduanas y cancelar las deudas con los bancos extranjeros. Luego resalta el estallido de la Guerra Federal, el 20 de febrero de 1859, y señala el radicalismo popular y la imponente participación de los sectores marginales dirigidos por caudillos como Joaquín Crespo, conocido como “el taita de la guerra”, y Ezequiel Zamora, y motivados por consignas como “patria para los indios y muerte para los blancos”. Pino Iturrieta alude además al proyecto de invasión preparado desde las Antillas danesas y holandesas por Antonio Guzmán Blanco y Juan Crisóstomo Falcón, y al Tratado del Coche, firmado el 22 de marzo de 1863, que puso fin a la contienda después de dos mil combates y 200 mil muertos. El autor señala que Venezuela quedó desolada, como en 1830.

Pino Iturrieta concluye el capítulo sobre la Venezuela decimonónica con el periodo de vigencia de la Constitución Federal, inaugurado el 13 de abril de 1863, al que el autor concibe como “una retahíla de regímenes dislocados y desobedientes”. Dicha Constitución consagraba principios liberales como el derecho a la vida, la inviolabilidad de la propiedad privada, el respeto a la correspondencia, la libertad de expresión y de pensamiento, el sufragio universal, el libre tránsito y la seguridad individual, al tiempo que clausuraba las prisiones de Bajoseco en Maracaibo y la Rotunda en Caracas, donde habían sido confinados los presos políticos. Las páginas finales se las dedica al extenso periodo de Antonio Guzmán Blanco, que divide en tres partes: el septenio (1870-1876), el quinquenio (1879-1884) y la aclamación (1886-1887). El autor considera a Guzmán Blanco, pese a su egolatría y vanidad, como el refundador de la república, pues logró dar la preponderancia al poder temporal, procuró el ordenamiento jurídico y del presupuesto público, y dio inicio al plan carretero y ferroviario, además de embellecer los espacios públicos, modernizar los servicios, controlar efectivamente las aduanas de La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo y Ciudad Bolívar (antigua Angostura) y abrir los primeros bancos.

Desde la perspectiva de la historia política, Inés Quintero Montiel comienza su narración del proceso histórico venezolano con el levantamiento del 23 de mayo de 1899 y la invasión del país por las tropas andinas dirigidas por Cipriano Castro, cuyo exitoso despliegue inició Cúcuta, en la zona fronteriza con la república de Colombia, proyectándose luego sobre el Táchira y el interior, lo que provocó la huida de Ignacio Andrade al exterior, en octubre. El propósito inicial de los andinos, robustecidos por el desempeño de la economía cafetera, que alcanzó a representar 70 % de las exportaciones venezolanas, era el de restaurar las banderas del liberalismo y extinguir los latifundios explotados de manera arcaica. Pero pronto el nuevo régimen, apoyándose en el ejército, inició un proceso acelerado de centralización administrativa. Según la autora, Cipriano Castro amplió el ejército, destinándole 47% del presupuesto público en 1900, 50% en 1901 y 55.6% en 1903. Además, lo dotó de uniformes y armamentos modernos —contratados con la Casa Hotchkiss de Inglaterra, la Krupp de Alemania y la Schneider de Francia— y construyó la Academia Militar, así como decenas de cuarteles. Tras derrotar al último foco caudillista, en la batalla de La Virginia, el 2 de noviembre de 1902, Castro inauguró la Constitución del 27 de abril de 1904, que le permitió controlar los estados y así ejercer su poder sobre todo el territorio.

Quintero Montiel se remite luego al gobierno del general andino Juan Vicente Gómez, que ejerció como presidente encargado debido a la ausencia de Castro, pero que aprovechó tal circunstancia para quedarse con la presidencia desde el 19 de diciembre de 1908 hasta el 17 de diciembre de 1935, primero como presidente constitucional, entre 1915 y 1922, y luego como dictador y articulador de una dinastía familiar. Gómez instauró la versión tropical del cesarismo en la figura de un gendarme necesario para la rehabilitación nacional, “un hombre fuerte, capaz de imponer su autoridad y garantizar el progreso de la sociedad”. Consolidó la marina, la aviación y el ejército bajo la instrucción del chileno Samuel McGil, graduado en la escuela prusiana. Y, a través de la Inspectoría General del Ejército, impartió la formación, organización y equipamiento “de una fuerza permanente y profesional de alcance nacional y puesta al servicio de una política única”. Quintero Montiel señala la conformación de una policía secreta, represiva y persecutoria, que ahogó todo intento de oposición y combatió la propaganda comunista y anarquista en Venezuela. A continuación, la autora hace referencia a la conformación de la Federación de Estudiantes de Venezuela hecha por los miembros de la Generación de 1928, entre los que se encontraban Rómulo Betancourt y Raúl Leoni —fundadores de la Alianza Revolucionaria de Izquierda, la futura Alternativa Democrática (ad)—, Jovito Villalba —gestor de Unión Republicana Democrática (urd)— y el marxista Pío Tamayo —futuro miembro del Partido Comunista de Venezuela. Todos ellos, junto a otros cientos de jóvenes, sufrieron el hambre, el terror y las torturas, en calidad de presos políticos.

La autora contrasta la naturaleza perversa del régimen militar con los importantes avances en la infraestructura vial y urbana. Resalta la construcción de carreteras, como la transandina, las edificaciones públicas, y los acueductos y cloacas de las principales ciudades venezolanas. Luego concentra su atención en los orígenes de la explotación petrolera y señala cómo dicho fenómeno contribuyó a la consolidación de la dictadura gomecista. Inicia su relato con la Ley de Minas de 1905 y las concesiones que Cipriano Castro otorgó a la Oil Field Exploration y a la Caribbean Petroleum en 1910, a las que Gómez agregó, a partir de 1920, un total de 2 374, esto es, unas 325 anuales. Y continúa con la descripción de los yacimientos de Zumaque I y Pozo Barroso, descubiertos entre 1914 y 1922, en el lago de Maracaibo, reparando en el incremento de la producción de crudo, que era de dos millones de barriles en 1922, pero que para 1926 representaba ya 61.8% de las exportaciones totales venezolanas, hasta alcanzar 160 millones de barriles en 1928.

Con el final de la dictadura, el ministro de Defensa, Eleazar López Contreras, consiguió imponerse como sucesor y decretó la amnistía general, frenó los métodos y prácticas del gomecismo y democratizó el país, permitiendo la conformación del Partido Democrático Nacional el 28 de octubre de 1936, donde se reunieron todas las fuerzas izquierdistas. Además, otorgó autonomía a los municipios, reorganizó la administración de justicia, emprendió campañas de higiene pública y asistencia social, promovió las agrupaciones gremiales y firmó un tratado comercial con los Estados Unidos de América. Su sucesor, Isaías Medina Angarita, completó la obra. Después de 1945 fueron legalizados todos los partidos políticos: ad, urd, Acción Nacional —que evolucionó a copei— y el pcv. El voto universal, conseguido el 15 de marzo de 1946, y la redacción de la Constitución del 5 de julio de 1947, permitieron el triunfo del candidato de ad, el escritor Rómulo Gallegos, elegido el 14 de diciembre de 1947 por 74.4% de los sufragantes. El radicalismo de sus propuestas, como las leyes de reforma agraria, la de impuestos sobre la renta y la de hidrocarburos, y la ampliación de los derechos sociales, provocaron el golpe militar del 24 de noviembre de 1948, que depuso a las instituciones democráticas y forzó a los miembros de ad al exilio y la clandestinidad.

Primero fue la Junta Militar, un triunvirato conformado por Carlos Delgado Chalbaud, Luis Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez, la que, alegando amenazas sobre la seguridad nacional, volvió ilegales los partidos, persiguió a sus militantes, cerró la ucv y expulsó a los profesores, intelectuales y periodistas. Luego fue Marcos Pérez Jiménez quien proclamó el Nuevo Ideal Nacional, definido por Quintero Montiel como “un programa modernizador que buscaba la transformación del medio físico a través de la ciencia y la técnica”. La dictadura de nuevo cuño fundó la Corporación Venezolana de Fomento y el Banco Industrial, construyó la Ciudad Universitaria, la autopista Caracas-La Guaira, y varias centrales hidroeléctricas; además, impulsó la inmigración italiana y española. Pese al éxito económico que representaron “los años del Bulldozer”, la insatisfacción de los sectores democráticos y de disidencias dentro del ejército quedó manifiesta en los intentos de sublevación que precedieron a la huelga general del 21 de enero de 1958, que forzó la huida de Pérez Jiménez dos días después.

La democracia representativa tuvo su momento estelar desde el Pacto de Punto Fijo, firmado por los líderes de los principales partidos políticos, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba. La Constitución de 1961 inauguró la independencia de los poderes y la defensa de las libertades, y los gobiernos institucionales de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins promovieron el fomento estatal y protegieron la inversión privada, aprobaron la reforma agraria y construyeron la Empresa de Electrificación del Caroní (edelca), las represas del Guri y Sidor, y los puentes Simón Bolívar y Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo, así como la Biblioteca Nacional, el Complejo Cultural Teresa Carreño y el metro de Caracas. Además, impulsaron el Consejo Nacional para la Cultura y el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, y transformaron la política petrolera con la conformación de la opep, en 1960, y la creación de pdvsa, en 1976. Luego, Inés Quintero subraya la influencia de la Revolución cubana en Venezuela, con la conformación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir), los estallidos insurreccionales del “Carupanazo” y el “Porteñazo”, y el desembarco de rebeldes en la costa de Machurucuto, en el estado Miranda.

Sin embargo, la autora señala la solidez de la democracia, la consolidación de los partidos y el estado de derecho, por lo menos hasta 1983, cuando “el plan de destrucción nacional”, relativo al gasto social desbordado vía subsidios en educación, salud, transporte y servicios, quebró al Estado, dejándolo hipotecado, mientras se desplomaba el precio del crudo pese a la guerra entre Irán e Iraq. A esto, Quintero Montiel agrega los detalles del fatídico 18 de febrero, el “viernes negro”, cuando la deuda pública venezolana aumentó debido a la devaluación del bolívar y los bancos cerraron la venta de divisas para evitar la fuga de capitales. Las fallas, señaladas por la autora, consistieron en el exceso de dependencia del petróleo y la falta de diversificación económica. Venezuela fue incapaz de promover el desarrollo agrícola e industrial, y gastó las reservas internacionales para mantener el pacto social hasta que esto se volvió insostenible. El 2 de febrero de 1989, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez impulsó el gran viraje, que consistió en la liberalización de los precios, el aumento en el precio de la gasolina, el encarecimiento de las tarifas de los servicios públicos y el transporte, y la privatización de las empresas públicas, incluida pdvsa, entregada, como las carreteras, a concesiones extranjeras.

En contraparte, el 27 de febrero estalló el “Caracazo”, una ola de disturbios, saqueos y pillajes protagonizados por los sectores inconformes en Guarenas, Guatire y la Guaira, que se levantaron en rechazo a las reformas. Luego, Pérez tuvo que encarar dos intentos de golpe en 1992, el del 4 de febrero, cuyo protagonista fue el mbr-200, encabezado por el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, y el del 27 de noviembre. Ambos cuartelazos fracasaron, pero provocaron la renuncia del presidente tres meses después, heredándole al último gobierno de la democracia de Punto Fijo, el de Rafael Caldera, un país hipotecado y bajo asedio, amenazado por disturbios, paros, huelgas y próximo a la explosión social. El antiguo rebelde, Hugo Chávez, como candidato del Movimiento V República, triunfó en las elecciones de 1998 con 56.2% de los sufragios. Como comandante supremo del polo patriótico, Chávez avisó acerca de sus intenciones de transformar el orden existente en Venezuela a través de una Asamblea Nacional Constituyente. En el referéndum del 21 de diciembre de 1999, su propuesta obtuvo la aprobación de 71% de los votos. El colapso del bipartidismo significó el impulso de la democracia participativa, multiétnica y pluricultural, pero también la concentración de poder en torno a la figura presidencial.

Quintero Montiel señala que, durante el gobierno de Chávez, creció exponencialmente el aparato estatal y se mantuvo la dependencia de la renta petrolera. El sistema clientelar que emergió, basado en la lealtad política de los cuadros hacia el líder, estrechó vínculos con el régimen cubano y se comprometió a imitarlo. Emprendió la lucha contra las desigualdades y la pobreza, fundando las misiones populares de Barrio Adentro, Sucre, Ribas, Robinson, Misión Milagro y muchas otras, y utilizando los ingresos de la renta petrolera, abultados por los elevados precios que alcanzó el crudo tras la invasión de Iraq (por el orden de los 130 dólares el barril en 2008). Las 49 leyes habilitantes, que incluyeron la de tierras y la de hidrocarburos, provocaron el paro general de pdvsa entre diciembre de 2001 y febrero de 2002, además del fallido golpe de Estado del 11 de abril. En mayo de 2005, durante el Foro Social Mundial de Porto Alegre, Chávez proclamó el “socialismo del siglo xxi” y, en 2006, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, que le dio un uso político a la historia. Chávez promulgó la versión romántica del Libertador “como protector de los pobres y defensor de los oprimidos, antimperialista, anticolonialista, popular y socialista”, pero las consecuencias de su política estatista y asistencialista trajo efectos devastadores para la iniciativa privada. El Estado siguió interviniendo la economía, instaurando un control de cambios y el monopolio en la distribución de divisas; reguló los precios, se apropió de los medios de producción y centralizó la distribución de alimentos.

Inés Quintero resalta la organización de las fuerzas de oposición alrededor de la Mesa de la Unidad Democrática (mud), que conquistó 23 gobernaciones en las elecciones de noviembre de 2008, aumentó el número de diputados en la Asamblea Nacional en septiembre de 2010 y se midió, apoyando al exalcalde de Baruta, Henrique Capriles Radonski, en las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012, que perdió con 44.32% de los sufragios frente a un decadente Chávez. Luego, tras la muerte del presidente, el 5 de marzo de 2013, se celebraron las nuevas elecciones, cuyo resultado fue desfavorable para la oposición y su candidato, que perdió el 14 de abril con 49.1% de los votos frente a la fórmula del continuismo, la del antiguo canciller Nicolás Maduro. A partir de entonces Venezuela inició un proceso de descomposición interna. Los venezolanos tuvieron que enfrentar la caída de los precios del petróleo, la contracción económica, la escasez y el desabastecimiento. Desde 2014, la incertidumbre y la inconformidad se manifestaron en los disturbios y desórdenes que provocaron una confrontación violenta con los organismos de seguridad. Los episodios fueron reprimidos brutalmente y tachados de “fascistas” y antipatrióticos. El relato de la autora termina con la celebración de las últimas elecciones democráticas, en diciembre de 2015, cuando la mud obtuvo 56.2% de los sufragios, lo que le valió 112 diputados en la Asamblea Nacional, una cómoda mayoría frente a los 55 representantes del chavismo.

Los acontecimientos posteriores, que han profundizado irremediablemente la crisis venezolana, no alcanzaron a incluirse en este libro. Maduro desmanteló la Asamblea Nacional legalmente electa y la remplazó por un nuevo Poder Legislativo, denominado popular, afecto a su figura. Y el 1 de agosto de 2017 depuso la Constitución de 1999. Además, inició un proceso de aislamiento de Venezuela de las instituciones panamericanas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oea; se ha negado a declarar el estado de emergencia alimentaria y de salud pública, y a recibir ayudas de la comunidad internacional. La devastadora devaluación del bolívar, la desbordada inflación, la carestía y el hambre han provocado la migración de millones de venezolanos hacia el exterior. En los últimos años, el éxodo ha sido de proporciones mayúsculas, especialmente hacia Colombia y Brasil.

La afortunada aparición de este libro representa una valiosa contribución a la historiografía, pues se trata de una versión académica de la historia de Venezuela, lejana a las intenciones políticas. Su difusión entre el público hispanoamericano tendrá, sin duda, gran impacto. Queda por agregar que esta obra invita a la reflexión, incentiva la curiosidad y despierta el interés de revisar de nuevo, de manera detallada, algunos periodos y aspectos del proceso histórico venezolano, que en el futuro servirán para emprender estudios conectados y comparados.◊

 


* CARLOS ALBERTO MURGUEITIO MANRIQUE
Es profesor en el Departamento de Historia de la Universidad del Valle, Colombia.