Título de artículo sección ventana centros a tres pisos

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– N O M B R E  D E L  A U T O R –

Con la reciente llegada al país de grandes proyectos públicos como el Museo Internacional del Barroco (MIB) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) –ambos encargados a grandes despachos extranjeros–, y la producción local de algunos otros edificios paradigmáticos como la nueva sede del Instituto Nacional Electoral (INE) o el afortunadamente ya archivado Corredor Cultural Chapultepec (CCC), es importante reflexionar sobre la lógica que permite que este tipo de proyectos se lleven a cabo. Esto es porque, siempre en disputa entre la imposición política y la vida cotidiana de quienes hacen uso de ellos, estos edificios no solamente tienen una función diaria y particular sino que su misma concepción y ejecución revela lo que nuestras instituciones piensan de sí mismas –y la manera en que se buscan, valga la redundancia, proyectar– y, por lo tanto, sirven a un propósito que va mucho más allá de lo que su uso-en-tanto-espacio podría sugerir. Así, dado que estos proyectos no son ni están pensados simplemente como construcciones, sino que están concebidos para ser símbolo e imagen de las instituciones que los producen, analizar las condiciones que motivan su ejecución debería mostrar qué es lo que en ellos se prioriza.

Lo cierto es que los comunes denominadores de todos estos proyectos son la opacidad de su concepción[1] y la grandilocuencia de su imagen pública –desde la mediática (renders, boletines de prensa) hasta la que rige a sus diseños arquitectónicos. Así, es común que en el país, después de dudosas asignaciones directas o concursos públicos tan poco difundidos que pareciera que las convocatorias solo las recibieron los participantes, se presentan ante la prensa y el público renders magníficos en los que nunca faltan fuentes, niños, áreas imposiblemente verdes y atardeceres que dejan en pañales a una puesta de sol en la Quebrada. Estas campañas mediáticas tienen el objetivo de convencer al público de las ventajas que estos proyectos presentan, al tiempo que ocultan detrás de su velo de brillantina e impresión cromada lo aparentemente arbitrario de sus necesidades. Asimismo, pretenden estar tan bien pensados que no abren lugar a discusiones públicas; quienes se oponen, invariablemente, son tachados de quejumbrosos.

Por si fuera poco, sobra decir que es imposible desligar a estos proyectos de las autoridades que los comisionan –de eso se encargan, coincidentemente, las mismas autoridades. Cito algunos ejemplos. ¿Quién no recuerda el cínico rosa de la CDMX de Mancera adornando cada rincón de la campaña del CCC? ¿Cómo evitar la presencia incorpórea del logo de la Presidencia de la República mientras que en el video promocional Norman Foster habla de lo que lo inspiró para concebir la estructura del nuevo AICM? Y, finalmente, ¿cómo no leer el principio del anhelo presidencial del panista gobernador poblano Rafael Moreno Valle cuando en 2013 anunciaba que Toyo Ito sería el encargado de diseñar el MIB, a sólo semanas de haberse anunciado que el arquitecto japonés era el ganador del premio Pritzker de ese año? No cabe duda que detrás de las muy neutrales instituciones hay agendas personales y delirios de grandeza.

Y sin embargo, que gente en el poder use la arquitectura para legitimar su presencia en la esfera pública no es nada nuevo, y pensarlo así sería caer en el autoengaño. Esto se debe a que, en tanto contenedores de espacio, los edificios ritman, condicionan y cosifican las relaciones sociales, median entre lo público y lo privado y dan forma e imagen al territorio que los alberga, entre muchas otras cosas. Precisamente por eso, por ser la disciplina que instrumenta y da sentido y carácter a la planeación y ejecución de edificios en el territorio, la arquitectura se convierte en un campo en disputa entre quienes la producen –inversionistas, políticos, arquitectos, etcétera–, quienes la habitan y usan de manera cotidiana y aquellos que son expulsados de los territorios que ésta ocupa. No sorprende, pues, que esta disciplina se entienda precisamente como herramienta de lo político en el espacio y que su condición de mediadora entre las grandes narrativas del poder y el uso cotidiano de los espacios que éste genera la empuje a asumir un rol eminentemente político.

Presentación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Así, lo que está en juego dentro del poder de proyectar y edificar estos edificios es la posibilidad de construir lo que Lacan y sus lectores posteriores, como Žižek y Mark Fisher, llaman “el Orden de lo Simbólico”. Para Lacan, el sujeto es un choque entre tres esferas que se complementan unas con otras. Me limitaré a explicar dos de ellas, las que rigen lo social, puesto que la tercera pertenece al individuo.[2] La primera que nos concierne es lo Real, que no es nada más que el mundo en sí, o la realidad tal cual es pero que, por nuestra condición de ser un ser que interpreta, siempre será imposible de acceder. Por otro lado, lo Simbólico es aquello que está determinado por las construcciones sociales; es decir, es la manera en que lo social construye y significa lo Real, y que genera realidades particulares que van cambiando conforme cambian los valores sociales. De esta manera, el orden de lo Simbólico conforma lo que Lacan llama el Gran Otro, es decir, la proyección imaginaria de lo que suponemos que debería ser lo correcto, lo bueno y lo puro. Esta construcción de realidades particulares y moralizadas, o ideología, sirve siempre para ocultar lo Real, accesible, según Lacan y Freud, a través de errores o titubeos en las expresiones.

Museo Internacional del Barroco.

(Para ilustrar lo anterior cabe un ejemplo: cuando Moreno Valle encarga el MIB al reciente Pritzker, supone que todo mundo estará de acuerdo. Al Gran Otro, aquel que exige que México esté a la vanguardia regional y presuma su patrimonio en bellos recintos, la idea de un nuevo museo para lograrlo –proyectado, además, por un arquitecto de fama mundial– es irresistible. Por supuesto que muchos habitantes de Puebla y otros en distintas regiones cuestionarán la pertinencia del museo en un estado empobrecido y con una alta tasa de feminicidios; un museo, además, que no cuenta con una colección propia y está ubicado en una zona de dificilísimo acceso, y que, por si fuera poco, necesitó de una inversión de más de siete mil millones de pesos y fue construido por Grupo Higa. Sin embargo, en el orden de lo Simbólico, el Gran Otro –en este caso la prensa, los portales de arquitectura, las oficinas de comunicación del gobierno y algunos inocentes visitantes– ignorará las contingencias detrás de su ejecución y aplaudirá entusiasmado el gran logro del Gobierno de la Heroica Puebla de Zaragoza, que por fin pone a la egregia ciudad en el mapa.)

Ahora, si bien esta práctica de construir para satisfacer el orden simbólico es milenaria y abarca desde la erección de las pirámides de Gizeh hasta el no construido Palacio de los Soviets de Stalin[3] –pasando por catedrales, edificios gubernamentales, instituciones culturales y un larguísimo etcétera–, la lógica mercantilista promovida por las instituciones neoliberales ha provocado un ligero cambio en el paradigma, pues mientras que antes se construía con el objetivo de regular la vida social y afianzar el dominio ideológico del régimen en cuestión, éstas ahora se realizan para generar un “destino global”. Es decir, mientras que en períodos anteriores las obras se enfocaban en reforzar un discurso dirigido al público local, con proyectos que cimentaban la idea del arraigo y la siempre favorecida imagen del fin de la historia –representada por un gobierno sólido, incuestionable y con todo bajo control–, ahora se busca colocar a las ciudades que albergan a estos edificios dentro del mapa de flujos de capitales internacionales, generando una ciudad-marca (como la despolitizada pero “cool” CDMX de Mancera), con la idea de que una construcción icónica –física (MIB) o discursiva (CDMX)– atraerá inversión y desarrollo. Sorprende aquí la aparente desaparición del Estado como motor de estos proyectos y la manera en que éste ha sido sustituido por las desencarnadas “innovación” y “creatividad”. Puesto que esta tendencia de branding urbano tiene un lugar y fecha fundacionales, quizás la mejor manera de explicarla sea a partir de sus orígenes.

Museo Guggenheim Bilbao (Bilbao, España).

Primera digresión: el efecto Bilbao. Bilbao, 1997. Una pequeña ciudad en el norte de España, casi pegada al Cantábrico y sufriendo económicamente por el fin de su era industrial, vio en el deseo de la Fundación Guggenheim de expandirse hacia Europa la oportunidad de reactivar su zona portuaria. Con un plan a largo plazo, que incluía la construcción de un metro, una biblioteca, un centro de convenciones y demás edificios públicos, la capital vasca invitó a Frank O. Gehry (nacido en Canadá pero residente de Los Ángeles desde hace unas cuantas décadas) a proyectar el museo Guggenheim, que se convertiría en la piedra angular del ambicioso plan. El muy publicitado proyecto está ubicado a orillas del río Nervión, la antigua zona industrial, y junto con el progresivo cumplimiento del plan maestro, ha generado la rehabilitación de la zona y dotado a una ciudad previamente deprimida de un nuevo espacio público. El resultado, apodado desde entonces como el “efecto Bilbao”, ha sido reproducido con más fracasos que éxitos por un gran número de ciudades a través del mundo.[4] Los fracasos se deben a que el Gran Otro, ávido de espectáculo, entendió mal el modelo: no se ha percatado que el verdadero cambio es un plan a largo plazo para reforzar lo público y no un edificio emblema para difundir a través de distintas redes.

Segunda digresión: ¿el fin de la historia? Cuando en 1992, Francis Fukuyama anunciaba con todo optimismo que la caída del comunismo marcaba el fin de las batallas ideológicas y que el mundo post-muro de Berlín sería dominado por el libre mercado y la democracia liberal, poco se imaginaba que las viejas estructuras del siglo XX se adaptarían tan exitosamente a este nuevo terreno económico y político. Así, aún frente a la aparente apertura y el advenimiento de la tan esperada democracia, el ahora pluripartidista México del siglo XXI reproduce muchas de las peores prácticas que mantuvieron al priismo en el poder durante el siglo pasado, como la falta de debates públicos serios, la presencia de una burocracia kafkiana que toma decisiones parciales y las redes de protección a los políticos que perpetúan actos de corrupción como conflictos de interés o asignaciones directas, por mencionar algunas. Lo cierto es que la alternancia política no ha roto el paradigma del cortoplacismo electorero: es evidente que el país aún funciona por sexenios que, como ciclos mesoamericanos, presentan la oportunidad de imaginarse un nuevo mundo cada cierto tiempo y quemar de paso todo lo del anterior –con la diferencia que en 52 años se hace mucho, pero en seis casi nada. También, es importante mencionar que en contra de toda la evidencia de hartazgo frente a la figura totémica del presidencialismo y el estado jerárquico y paternalista, el histórico orden simbólico mexicano dice que así debe funcionar el gobierno del país. Por si fuera poco, esta idea sigue profundamente arraigada en las mentes de la clase política, siervos siempre de lo simbólico. Así, sin planes a largo plazo y con el objetivo de legitimar los tiempos políticos, el “efecto Guggenheim” tiene en México una segunda lógica además de la puramente mercantilista: aquella de encarnar la “grandeza” del sexenio del político en turno, a través de satisfacer al Gran Otro.

Poco faltaba, pues, para que la seductora idea llegara a tierras nacionales. Ya desde el fin del sexenio foxista, en 2006, se daba a conocer uno de los primeros ejemplos con la polémica biblioteca Vasconcelos.[5] En años recientes ha aumentado la cifra de este tipo de proyectos –como los ya mencionados: el AICM, el MIB y el CCC y algunos más como, en cierta medida, el MUAC–, y nada sugiere que esto sea una tendencia a la baja. Y aunque cada proyecto tenga una historia y circunstancias particulares, comparten el hecho de que, en su afán de ser icónicos y detrás del velo que oculta la opacidad de las decisiones necesarias para llevarlos a cabo, todos abandonan la posibilidad de romper los paradigmas de la obra pública, de generar consensos con los afectados y futuros usuarios, de pensar a futuro y llevar a cabo consultas públicas y de convocar a concursos arquitectónicos abiertos y transparentes. Es decir, en todos se supuso que por el simple hecho de ser proyectos icónicos se podía dejar de lado ejercicios que podrían haberles dado legitimidad y aceptación por parte del público.

Y sin embargo, algo innegable es que por más que se intente tener un control férreo sobre los discursos generadores de estos espacios, el día a día, ese de las vidas cotidianas y no-normadas, es aún más fuerte e irreverente. Por poner un ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos, que nunca abrió su costado este al tianguis del Chopo, es hoy un lugar en donde la gente va a pasar el tiempo, tal vez sin siquiera leer; y no hay razón para pensar que este fenómeno no se manifestará en el MIB o en el AICM. Así, enfrentados a la imposibilidad de resolver de manera cabal lo Real, lo que tenemos delante es una lucha por redefinir los paradigmas sobre los cuales se materializa el orden simbólico y de reterritorializar lo ya construido. Eso implica pensar en qué queremos que sean nuestras instituciones, en cómo queremos que intervengan en el espacio y en la manera en que queremos que se signifiquen y se proyecten. Para eso es importante la apertura, el diálogo y la construcción de consensos; y una buena manera de empezar a lograrlos es historizando los discursos que se generan desde el poder, para que las discusiones en torno a ellos se vuelvan un asunto público. Este es un texto de 13,000 caracteres con espacios. ◊


– A C E R C A  D E L  A U T O R –
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